Otra gran injusticia humana por parte de E.E.U.U.

Los días 16 y 17 de junio de 1998, las autoridades de la Seguridad
del Estado cubano, en un intercambio con el FBI, entregan un
dossier de 230 páginas sobre las actividades terroristas contra
Cuba, cinco videos con conversaciones e informaciones transmitidas
por las cadenas de televisión sobre acciones terroristas contra
Cuba y ocho casetes de audio, con dos horas y 40 minutos
de duración, sobre llamadas telefónicas de terroristas centroamericanos
que estaban detenidos con sus mentores en el exterior. El
FBI reconoce estar impresionado por la abundancia de pruebas y
responde que dará respuesta en dos semanas. Respondió con las
detenciones de los agentes cubanos el 12 de septiembre de 1998.
Antonio Guerrero (Miami,1958) Ingeniero en Construcción de Aeródromos,
poeta, dos hijos.
Fernando González (La Habana, 1963), casado, graduado del Instituto
de Relaciones Internacionales (ISRI), del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba.
Gerardo Hernández (La Habana, 1965), casado, graduado del ISRI,
caricaturista.
Ramón Labañino (La Habana, 1963), casado, tres hijas, graduado
de Licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana.
René González (Chicago, 1956), casado, dos hijas, piloto e instructor
de vuelo.

El pasado 9 de agosto la Corte de Apelaciones del Onceno
Circuito de Atlanta declaró nulo el juicio celebrado en Miami,
donde se condenó a Gerardo Hernández Nordelo, René
González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Antonio
Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, quienes se
habían infiltrado en los grupos extremistas cubanoamericanos
del sur de la Florida para obtener información
sobre la actividad terrorista contra Cuba. Su encarcelamiento
ya había sido declarado ilegal por el Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Desde hace siete años, estos cinco jóvenes permanecen en
cárceles de máxima seguridad; han sufrido incomunicación
en celdas de castigo por largos períodos y a dos de ellos se
les ha privado del derecho a recibir visitas de sus familiares.
Ahora, después de la anulación del juicio, nada justifica que
permanezcan en prisión. Esta arbitraria situación, tan dolorosa
para ellos y sus familias, no puede prolongarse.